Gabriela Estévez

EMERGENCIA EN EL SECTOR MIPYMIS

Este proyecto de Ley tiene por objeto aprobar una serie de medidas urgentes para proteger a nuestras micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMIS) ante la caída de la producción.

La intención es declarar  la emergencia en el sector de las micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMIS) en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019, prorrogable hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.

Con esto se aplicaría una serie de medidas que tiendan a favorecer e incentivar la producción de las micro, pequeñas y medianas industrias. Entre las mismas se destacan  la suspensión de la iniciación de juicios y de los procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas contra MIPYMIS por un periodo de 12 meses, la refinanciación de los créditos concedidos a las MIPYMIS por parte de bancos públicos o con mayoría estatal, el otorgamiento de créditos blandos a tasas preferenciales a través de los bancos públicos o con mayoría estatal y la refinanciación de las obligaciones previsionales vencidas y a vencer en el corriente año a través de los organismos competentes.

Además, se disponen ciertos beneficios impositivos para dichas industrias tales como la exención del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, la exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las inversiones en bienes de capital, ya sea para su adquisición, reparación, mantenimiento y/o expansión y la prohibición de todo incremento en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua a las MIPYMIS hasta el 31 de diciembre de 2019.

El Senado y Cámara de Diputados…
EMERGENCIA EN EL SECTOR MIPYMIS
ARTÍCULO 1°: Declárese la emergencia en el sector de las micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMIS) en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre de 2019, prorrogables hasta el 31 de diciembre de 2021 inclusive.
ARTÍCULO 2°: Establézcase como destinatarias de las políticas públicas emanadas de la presente Ley a todas las empresas que no superen los $999.999.999 en ventas totales anuales, que no superen los 699 empleados y que se dediquen de forma exclusiva a la actividad industrial o agroindustrial.
ARTÍCULO 3°: Dispóngase la suspensión de la iniciación de juicios y de los procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas contra MIPYMIS por un periodo de 12 meses. Los juicios ya iniciados deben paralizarse hasta el plazo fijado en el párrafo anterior; postergándose el curso de los términos procesales, la caducidad de instancia y la prescripción. Cuando el acreedor sea la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) el periodo será de 18 meses.
ARTÍCULO 4°: Facúltese al Poder Ejecutivo Nacional a instrumentar los siguientes beneficios para las MIPYMIS durante el periodo de vigencia de la declaración de emergencia en el sector:
a) Refinanciación de los créditos concedidos a las MIPYMIS por parte de bancos públicos o con mayoría estatal en la composición accionaria o toma de decisiones
b) Otorgamiento de créditos blandos a tasas preferenciales a través de los bancos públicos o con mayoría estatal en la composición accionaria o toma de decisiones
c) Refinanciación de las obligaciones previsionales vencidas y a vencer en el corriente año a través de los organismos competentes
ARTÍCULO 5°: Dispónganse los siguientes beneficios impositivos durante el periodo de vigencia de la declaración de emergencia en el sector de las MIPIMIS:
a) Exención del pago del Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios
b) Exención del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las inversiones en bienes de capital, ya sea para su adquisición, reparación, mantenimiento y/o expansión
ARTÍCULO 6°: Dispóngase que los sujetos enumerados en el art. 1° de la Ley 27.437 de Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores deberán otorgar preferencia a la adquisición de bienes industriales de origen nacional, según lo dispuesto en el art. 5° de la misma Ley, cuando ante idénticas o similares prestaciones, en condiciones de pago de contado, el precio de las ofertas realizadas por MIPYMIS, de acuerdo al art. 2° de la presente Ley, sea inferior, igual o superior en hasta un 20% al de los bienes ofrecidos que no sean de origen nacional, durante el periodo de vigencia de la declaración de emergencia dispuesta en el art. 1° de esta Ley. Finalizado el plazo de la declaración de emergencia, seguirán vigentes las disposiciones y beneficios emanados de la Ley 27 .437.
ARTÍCULO 7°: Prohíbase todo incremento en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas y agua a las MIPYMIS hasta el 31 de diciembre de 2019. Las empresas prestatarias de los servicios mencionados se deberán abstener de efectuar cortes en el suministro motivados por falta de pago de las facturas correspondientes a los consumos de los 12 meses anteriores a la promulgación de la presente Ley.
ARTÍCULO 8°: Instrúyase al Poder Ejecutivo Nacional a convocar en un plazo no superior a los 30 días desde la entrada en vigencia de la presente Ley a una Mesa de Diálogo a los representantes de las MIPYMIS para establecer acuerdos relativos a las importaciones de productos industriales que afecten o puedan afectar al sector.
ARTÍCULO 9°: Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional.
ARTÍCULO 14°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Señor presidente:
El presente proyecto de Ley tiene por objeto aprobar una serie de medidas urgentes para proteger a nuestras micro, pequeñas y medianas industrias (MIPYMIS) de las políticas neoliberales aplicadas por el Gobierno de derecha de Mauricio Macri.
Según un informe la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), durante el mes de junio de 2018 la baja de la producción PYME alcanzó un 3,9%.
El Índice de Producción Industrial PYME (IPIP) de CANE mide el desempeño mensual en la producción manufacturera de las pequeñas y medianas industrias (PYMIS) argentinas. La información se obtiene durante los primeros 20 días del mes en base a encuestas directas realizadas entre 250 PYMES industriales del país. Releva todos los meses un equipo de 30 encuestadores localizados en las ciudades capitales, Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires (zona sur, zona norte y zona oeste).
El de junio es el segundo mes consecutivo en declive, dónde sólo el 34% de las empresas crecieron y el uso de la capacidad instalada bajó a 59,1%. Frente al mes de mayo de 2018 se registró una caída de 8,4%, en la medición con estacionalidad.
De los 11 sectores relevados, 10 cayeron y sólo 1 progresó, siempre hablando de la comparación anual. El único rubro en aumento fue la elaboración de “productos minerales no metálicos”, con una suba anual de 4,8%, aunque con dificultades de rentabilidad. Es que la mayoría de esas empresas tienen sus insumos atados al dólar y recibieron varios ajustes en lo que va del año.
En cambio, tuvieron caídas anuales “productos de caucho y plástico” (-9,9%), “material de transporte” (-7,8%), “productos eléctrico-mecánicos e informática” (-8,7%), “calzado y marroquinería” (-5,5%), “alimentos y bebidas” (-5,2%), ‘‘maderas y muebles” (-4,1%), “productos textiles y prendas de vestir” (-3,0%), “productos de metal, maquinaria y equipo” (-1,4%), “papel, cartón, edición e impresión” (-1,5%) y “productos químicos” (-2,4%).
En tanto, el aumento en los combustibles, en las tasas de interés y en los servicios en general afectó la rentabilidad de las empresas. Otro factor de incidencia, es la suba de insumos y maquinarias atadas al dólar, que incrementaron los costos. Tal es así, que la proporción de industrias en baja se incrementó a 53%.
Donde menos empresas en alza se registraron fue en “productos de caucho y plástico” (20%) y “productos electro-mecánicos e informática” (17%). Como consecuencia de las subas de costos y la caída en los niveles de ventas, la proporción de industrias con rentabilidad positiva se redujo a sólo 35,4%, desde 54% en marzo, 46,7% en abril y 39,4% en mayo.
La industria se encuentra trabajando con una alta capacidad ociosa. Como mencionamos, el uso de la capacidad instalada volvió a caer en junio, a sólo 59,1%, desde el 64,3% en marzo, el 62% en abril y 60,5% en mayo.
La incertidumbre cambiaria y financiera y, sobre todo, las mayores tasas de interés, están afectando los planes de inversión de las empresas. Para los próximos meses, sólo el 23% de las PYMES industriales tiene planeado realizar nuevas inversiones y el 55% ya decidió que por este año no realizará nuevos movimientos en ese sentido. Es que 9 de cada 10 firmas creen que el actual no es un buen momento para invertir.
Por otra parte, el Indicador de Tendencia de Inversión (ITI) de las PYMES industriales bajó un 10,6% en julio, a su menor nivel en 23 meses, de acuerdo a un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX).
El ITI tuvo un valor de 41,9 puntos cuando en enero se ubicaba en 61,6 puntos. Sobre una escala de 0 a 100, muestra que la tendencia desde principio de año se desplazó de una situación buena, hacia un límite cercano a mala. En el año, el indicador acumula una caída de 31,9%.
De acuerdo al CERX, la percepción entre regular y mala de la situación económica actual viene presionando las expectativas de inversión hacia abajo, efecto que se acentúa en la medida que la recuperación no llega. A eso se suma que los recursos para invertir son limitados porque las condiciones financieras no son las más favorables: las empresas están con altas restricciones financieras y las tasas de financiamiento en el mercado se ubican en niveles incompatibles con el desarrollo de un proyecto de inversión.
En julio, 8 de cada 10 empresas consideraron que en los próximos meses la producción se mantendrá en los niveles actuales o continuará cayendo.
La evolución del ITI se explica por el comportamiento de sus dos principales subíndices. En primer lugar, el «Indicador de Condiciones para Invertir» (ICI), que bajó 13,2% en el mes. El ICI interpreta la situación actual del empresario según su rentabilidad, la situación general de la empresa y cómo percibe el contexto actual para invertir. En julio este indicador cayó a 44,5 puntos (desde 51,3 en junio) y acumula una baja de 32,9% en lo que va del año.
Eso se explica por el deterioro de otro 5% el indicador de rentabilidad del conjunto de las industrias de la muestra (ya había caído 9% en junio y 11,1% en mayo); la caída del 13,5% la percepción que tiene el industrial sobre su propia empresa debido al deterioro de su situación financiera, la suba de costos y una demanda de mercado muy débil que aún no se recupera; y la baja del 24,6% la percepción que tiene el empresario sobre las condiciones actuales para invertir.
El segundo subíndice es el «Indicador de Intención de Inversión» (IN), que bajó 7,4%. El IN combina las expectativas del empresario sobre la evolución de la producción de su empresa para los próximos seis meses y los planes que tiene de inversión a futuro.
En julio, se mantuvieron prácticamente sin cambio las expectativas de la empresa sobre la evolución de su producción en los próximos seis meses y bajó 16,4% la intención de inversión de los industriales.
Desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) se ha reclamado al Gobierno Nacional que por seis meses se congelen los precios de la energía para ese sector, se dispongan líneas de financiamiento a tasas preferenciales y se apliquen medidas para controlar las importaciones.
Según IPA, las pymes industriales están atravesando un problema grave, a partir de la reducción del mercado interno, los problemas con la cadena de pago y el aumento constante de los costos energéticos por la volatilidad del dólar. Las consecuencias de la política de apertura comercial al mundo que puso en marcha el Gobierno de Cambiemos desde diciembre de 2015, sin tener en consideración las condiciones de competitividad del mercado local, llevaron a una reducción del uso de la capacidad instalada en las fábricas, con su impacto en los puestos de trabajo.
En ese sentido, IPA ha interpelado a las autoridades a aplicar medidas urgentes para prevenir una crisis social ante el crecimiento del desempleo y la pérdida de capacidad económica en la mayor parte de la población. Ante este panorama, han considerado necesario que durante los próximos seis meses se cuide al mercado interno y a la producción nacional para fortalecer el poder adquisitivo de todos los ciudadanos.
Y es que la incertidumbre de los precios genera malas expectativas de corto y mediano plazo, lo que se traduce en inflación, porque los que tienen margen de remarcación, trasladan a precios los costos que generan la reposición de productos o servicios dolarizados. Los que no pueden, como la mayoría de las PYMES, deciden congelar el mercado y vender lo mínimo para no ir a la quiebra.
Para IPA, la solución es contar con un mercado serio, transparente y con reglas claras, a partir de costos de la producción que generen confianza. Si se regula la incertidumbre, se podrán controlar los precios. Para lograr condiciones de estabilidad el mercado, han reclamado tasas de financiamiento para las PYMES con condiciones especiales para invertir y volver a poner en marcha las plantas fabriles.
Como puede observarse, el panorama económico del sector no es alentador. Por ello nos vemos ante la necesidad de impulsar un proyecto de Ley que de respuesta parcial a los reclamos de uno de los sectores que más empleo de calidad genera en nuestro país. Cuidar nuestra industria y cuidar nuestras PYMES es cuidar nuestra soberanía y el empleo de todos los argentinos y argentinas.
Seguramente, las políticas contempladas en esta iniciativa no son suficientes. Y es que ninguna política pública o legislación puede corregir el rumbo económico decidido por un Presidente que ha delegado esa decisión en el Fondo Monetario Internacional. Por esta razón, este proyecto de Ley no es sólo una respuesta a reclamos específicos del sector de las MIPYMIS, sino también un llamado a la racionalidad para el Gobierno Nacional, para que no termine de destruir la principal fuente de empleo de calidad de nuestro país.
Por todas estas razones, solicito a mis pares su acompañamiento al presente proyecto de Ley.